1. Muy a pesar de la legalidad que le da la Constitución de la República en su artículo 103, la explotación minera choca con lo establecido en el artículo 117, que “declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales”. Además, cuando la ley de minería en el artículo 9, establece que: “son personas idóneas para adquirir derechos mineros quienes comprueben tener capacidad técnica y financiera para desarrollar proyectos mineros”, crea condiciones para que empresas transnacionales que cuentan con los recursos y la experiencia puedan desarrollar este tipo de actividad, exponiendo el territorio salvadoreño al saqueo por empresas internacionales.

2. El recurso minero metálico pertenece a la sociedad en su conjunto. Ésta, haciendo uso de su soberanía como lo establece la constitución, debe participar en la toma de decisiones ante esta especie de privatización y saqueo del subsuelo salvadoreño.

3. Todo el norte de El Salvador se encuentra bajo la mira de la exploración minera, primer paso en el proceso para la explotación y comercialización de estos recursos. Pero el aspecto más preocupante reside en que la zona norte del país se caracteriza por concentrar la mayor parte del recurso hídrico que se distribuye en toda la región, por lo que un tipo de explotación del recurso minero como el que se hace en este país, -en donde la ganancia está por encima de las regulaciones medioambientales e incluso de la vida misma-, condena la supervivencia de los recursos hídricos y repercutirá gravemente en la salud y bienestar de la población salvadoreña.

4. No es de extrañar la coincidencia de la concentración de la explotación minera metálica en el norte del país con el megaproyecto de la longitudinal del norte, ya que ambos se complementan perfectamente para la expropiación de este recurso. La longitudinal del norte es otro de los megaproyectos contemplados dentro del Plan Puebla Panamá (PPP): se proyecta que la carretera tenga su inicio cerca del pueblo de La Virgen, en el Departamento de Santa Ana, y atraviese todo el norte del país, pase por 49 municipios y 6 departamentos, (Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión), y concluya en la frontera de El Amatillo. Del mismo modo, se plantea que la carretera tenga una extensión que conectará con el canal seco, uniendo Puerto Cortés, en Honduras, con el puerto de Cutuco, en El Salvador.

5. El tipo de trabajo que esta actividad genera es un trabajo precario; dado el corto tiempo que duran los proyectos mineros, en condiciones laborales infrahumanas, exponiendo a las personas a materiales altamente tóxicos, -como cianuro y arsénico-, aprovechándose las empresas transnacionales de las condiciones de pobreza en que vive la población de la franja norte del país, facilitando que dichas empresas se burlen de la dignidad de las personas que acceden a este tipo de trabajo.

6. Las empresas mineras ofrecen crear fundaciones para aparentar compensar los daños irreversibles que ocasionan, pero en realidad es un mecanismo de elusión fiscal y compra de voluntades en las comunidades para romper con todo tipo de resistencia ante esta actividad.

7. La explotación minera en El Salvador no tiene nada que ver con la satisfacción de las necesidades de la población ni del Estado, pero sí con la insaciable sed de riqueza de las empresas transnacionales; es una actividad a corto plazo pero sus impactos negativos se sufrirán en el mediano-largo plazo. Las empresas mineras prometen generación de empleo y riqueza, pero millones de personas en todo el planeta han resultado victimas de los altos costos sociales que trae consigo: apropiación de tierras de las comunidades locales, impactos en la salud que en muchos casos llevan hasta la muerte, alteración de las relaciones sociales, destrucción de las formas de sustento y de vida de las comunidades, cambios abruptos y radicales en las culturas regionales, desplazamiento de otras actividades económicas locales actuales, etc.

8. Ante todo lo mencionado, la población debe de estar alerta del nuevo modelo de explotación con “rostro humano” que únicamente tapa el sol con un dedo; la población debe estar consciente de que son ellos los dueños del suelo salvadoreño y que, por lo tanto, son ellos los principales actores y quienes deciden el rumbo de los recursos naturales de El Salvador.

9. CEICOM se solidariza con las comunidades y personas que resisten al saqueo minero. Nos pronunciamos contra este modelo de explotación minera cuya finalidad es el enriquecimiento de las empresas transnacionales a costa de expropiar nuestras riquezas, dejando para el futuro más pobreza y destrucción.

Hacemos un llamado a la población salvadoreña a unificar esfuerzos de resistencia y rechazo a la explotación minera metálica en nuestro país. www.ecoportal.net

San Salvador, Noviembre 2005